Una de negación, libertad de cátedra y otros lugares comunes.

La historia es sencilla.

Primer acto, A denuncia públicamente una declaración que N realizó en una institución académica pública, insinúa además que la Ley podría investigar y sancionar a N con base en la no discriminación. Segundo acto, aparece B quién en nombre de la libertad de expresión en entornos académicos, crítica la idea de censurar jurídicamente e invita  a la crítica pública de argumentos mal elaborados o carentes de sustento. En el tercer acto, C realiza una descripción analítica del problema, y argumentando que B no entendió bien, en realidad A ejercía la crítica y no la censura, invita a no censurar la crítica . ¿Como se llamó la obra?

Los personajes de la historia son, Leo Zuckerman, en el papel del defensor de la verdad, Ricardo González, como el campeón de la libertad de cátedra, Carlos Bravo, como el tercero neutro y en el estelar Raquel Rodriguez, la imbécil que niega el holocausto. Si bien la historia se desarrolla en gran parte en la red, la UACM es el set principal. Quiero tomar los guiones de los tres actores pensantes para hacer una reflexión sobre cómo hacer de esta historia nada excepcional algo interesante.

El recuento de Carlos Bravo puede ser un buen punto de partida. Desde su lectura, Zuckerman no quiere quitarle el derecho a la libre expresión a nadie. El argumento aparentemente se construye no desde la censura, sino desde la crítica. Podría ser cierto, salvo por la frase al final del artículo que menciona a Ricardo Bucio, cabeza del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Allí el defensor de la verdad plantea que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación considera el antisemitismo como una forma de discriminación. Si el papel del Consejo es sancionar al antisemita en aras de no discriminar, y Zuckerman lo considera legitimo, está en efecto invitando al Estado a censurar.

El Dr. Bravo describe bien a grandes rasgos las posturas de ambos, pero me parece que hay algo que debió remarcarse más: la naturaleza pública de la institución. Esto es algo principal en el argumento de Zuckerman (aunque él no lo sepa: Nuestros impuestos financian actos antisemitas es el título de su artículo), y algo que Ricardo Gonzalez pierde por completo en su respuesta (inclusive menciona que da igual el ámbito, publicas y privadas deben gozar de libertad de cátedra y lo repite en una respuesta posterior).

Zuckerman comienza su papel con una condena enérgica: “Es una vergüenza que los impuestos que pagamos los capitalinos se utilicen para financiar una universidad donde se niega el Holocausto y promueve el odio antisemita”. El primer problema que encuentra Zuckerman, aunque lo tolera, es la falta de “objetividad” en el acercamiento al tema de Medio Oriente al presentar sólo la postura palestina. Al parecer el dinero público debe ser gastado de manera objetiva, pero no importa mucho si no, el gran problema para él es lo que dijo una persona en el evento.

El defensor de la verdad, empieza con el mejor argumento que puede tener: alguien usa mi dinero para algo en lo que no estoy de acuerdo y tengo mis razones para estarlo. Lamentablemente no es libertario, no está en contra de eso, cree en los impuestos y el gobierno. Esto hace que en su argumento 1) critique a la institución de manera muy superficial, y 2) se enfoque en la persona, olvidando que el origen del problema es la institución pública de educación.

Un final feliz para nuestro defensor de la verdad sería que el Consejo sancionara de alguna manera a la arquitecta negacionista y que ésta tuviera que pedir disculpas por decir mentiras. Además, aunque al parecer esto no le importa tanto, su mundo feliz incluiría una UACM incluyente y objetiva, que realizará n foros alternos para presentar n posturas diferentes que pueden tener cabida en la discusión.

A este le respondo, 1) moralmente no se puede responsabilizar (ni sancionar) a una institución por acciones individuales y opiniones expresadas individualmente, pero si podemos reprochar moralmente que dicha institución exista con nuestros recursos; 2) la invitación a la intervención del Consejo rebasa el papel que un defensor de la verdad y del discurso ilustrado en el espacio público puede sostener, se aleja de la esfera pública de interacción entre individuos para ir a esa esfera de coerción; 3) su argumento contra la institución está ligado al final al argumento de que al ser dinero público, esperamos que se use de manera objetiva, sobre todo en el terreno académico. Esto se parece al lugar común que pretende que el Estado regule la publicidad o tenga agencias de información objetiva. La respuesta es similar en ambos casos: mientras la publicidad y eventos académicos sean financiados por recursos privados pueden hacer lo que quieran, no obligan a nadie a comprar su producto ni a financiar el anuncio o foro. El Estado no, ya que no tiene recursos propios: sus recursos provienen de una sociedad heterogénea con diversidad de opiniones, preferencias y posturas. La indignación inicial de Zuckerman es correcta, el resto se pierde en lo superficial.

Pero nuestro defensor no es el único cuya mayor fortaleza le es desconocida. El mejor argumento del campeón de la libertad  de cátedra también parece ser una oración perdida en su texto. Para él, como para mi, también es falso el conflicto irreconcilliable entre el derecho a la igualdad y la libre expresión primero, y en segundo lugar, a la prevalencia de un enfoque punitivo en las políticas de atención a la discriminación.

Yo puedo argumentar que es falso porque en realidad todo derecho está articulado con base en los derechos de propiedad, lo que permite una resolución analítica ante cualquier conflicto, se trate de quién se trate y se diga lo que se diga. Para Ricardo Gonzalez es falso porque jamás la prohibición de ideas y dogmas de límites intocables han favorecido a ninguno de los lados, cierto en parte, pero olvida por completo el principio del problema: el dinero público involucrado.

Nuestro defensor de la libertad de cátedra visualiza su final feliz de manera un poco distinta: un mundo con libertad de cátedra irrestricta, donde en la UACM se organizarán también foros para desmentir todas las ideas falsas que se puedan decir allí, y si no, habrá algún sabiondo público que se encargará de destrozar todo argumento espurio. Aunque así como Zuckerman, y Bravo hace presente el espíritu liberal clásico del debate público para descartar mentiras y argumento falaces, también personifica con Zuckerman la creencia en educación vía instituciones públicas, quizá sea falta de dinero, o de una reforma, pero algún día y de alguna manera las instituciones de educación superior pública funcionarán bien.

Entro en mi papel y me presento. Ninguno tiene la razón, soy el héroe blockeano que defiende la libre expresión articulada con base en la propiedad y niega la libertad de cátedra.

El análisis es sencillo: 1) el derecho a la libre expresión es una derivación del derecho de propiedad sobre mi cuerpo y mi mente; 2) el ejercicio de la libre expresión requiere no violar los derechos de propiedad respetando el principio de no agresión, i.e, no tengo derecho a expresarme sobre la libertad de cátedra en su sala ni obligarlo a darme dinero para hacerlo; 3) la cátedra es un acto donde puedo ejercer mi libertad de expresión al dar una lección a gente interesada en oírla; 4) hay una remuneración por el servicio de ejercer mi libertad de expresión y hay un cliente a cuyas preferencias debo apegarme; 5) si no me apego al contrato que remunera mi lección violo el derecho de propiedad del contratante y por lo tanto no es legitimo el ejercicio de la libertad de expresión. No hay en sí un derecho a decir lo que quiera a costas de mi empleador, no hay libertad de cátedra. Uno puede darse cuenta de la ridiculez de tal derecho al cuestionar por qué sólo la clase académica debe contar de ese derecho. Walter Block invita a pensar en plomeros, carpinteros, u oficinistas que tengan derecho a hacer como quieran sin importar lo que diga el empleador.

Zuckerman se equivoca porque el Estado (al menos el Consejo que invoca) nada tiene que ver en las relaciones entre la UACM, el GDF y la señora Raquel. Además, si la tarea del Estado fuera perseguir la ignorancia e imbecilidad los políticos que promueven su existencia habrían de ser condenados. Ricardo González se equivoca al decir que no importa si es una institución pública o privada y defender la libertad de cátedra académica. Ambos se equivocan en creer que el sistema de educación pública superior funciona, pueda funcionar, o que sea capaz de alcanzar una “objetividad” que no genere reclamos legítimos de posturas no incluidas. El único error de Carlos Bravo y de otros que después se unieron a la discusión en Twitter está en no percibir el sesgo estatista cuando Zuckerman pregunta por la respuesta de actores políticos y cuerpos reguladores del Estado. Supongo que su brújula no está tan magnetizada, me diría Andres Roemer.

Todos tenemos el derecho a denunciar lo que hacen con nuestro dinero en materia de educación si no nos parece. La solución no es fijar nuestro punto como el programa oficial, ni esperar que algún ilustrado lo haga. Mucho menos preguntarle al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación si piensa hacer algo al respecto. El Consejo, si me preguntan, no tiene razón de ser. La solución a mejores ambientes académicos es la competencia y dejar de subsidiar casas de estudio e investigación que pertenecen ideológicamente a principios del siglo pasado. Por lo que corresponde a la libertad de cátedra y de expresión, una invitación a dejar lugares comunes y enfocarnos en la raíz de los problemas. Por lo demás, un aplauso al intercambio de argumentos, eso es lo que está al alcance de todos y cada uno de nosotros.

A sí … la obra se llamó “Hora de Pensar en Propiedad” … y al parecer continuará.

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